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El Tribunal Supremo avala que las comunidades de vecinos puedan prohibir pisos turísticos con una mayoría cualificada

El Tribunal Supremo avala que las comunidades de vecinos puedan prohibir pisos turísticos con una mayoría cualificada

El Tribunal Supremo ha resuelto a favor de las comunidades de vecinos que desean limitar los alquileres turísticos, permitiéndoles prohibir este tipo de actividad con una mayoría reforzada de tres quintos. En dos sentencias recientes, el alto tribunal confirma que las decisiones adoptadas por las juntas de propietarios con este tipo de mayoría son suficientes para frenar los pisos turísticos, una cuestión que se había convertido en un tema controvertido en muchas ciudades.

La decisión del Supremo se basa en la reforma introducida en 2019 mediante el real decreto-ley sobre medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler, que permite a las comunidades de propietarios limitar o incluso prohibir las viviendas de uso turístico. La clave, según las sentencias, está en que esta restricción se puede adoptar con una mayoría cualificada del 60% de los propietarios, lo que evita que el voto en contra de un único propietario bloquee la medida.

El Tribunal justifica que este tipo de restricciones son lícitas y conformes a la Constitución, considerando que ayudan a regular la convivencia en las comunidades de propietarios, especialmente en las zonas donde la proliferación de alquileres vacacionales ha dificultado el acceso a la vivienda. Según el tribunal, esta mayoría reforzada es un mecanismo adecuado para equilibrar los intereses entre los propietarios que desean limitar los alquileres turísticos y aquellos que buscan explotarlos.

Un informe reciente del sector turístico señalaba que el número de pisos turísticos en las principales ciudades de España ha crecido un 25% en el último año, alcanzando un nuevo récord de casi 287.000 viviendas en marzo de 2024. Este aumento ha intensificado el debate sobre la necesidad de regular el fenómeno, especialmente en grandes ciudades como Barcelona y Madrid, donde la presión sobre el mercado de alquiler ha sido más notoria.

El Supremo concluye que permitir que las comunidades de vecinos tomen decisiones con una mayoría reforzada es una medida proporcional para proteger el acceso a la vivienda y garantizar la convivencia en los edificios residenciales.

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